La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta denuncia abusos laborales en el Canal de Panamá
El gremio alertó sobre violaciones a derechos adquiridos y descuentos salariales arbitrarios tras la revocación judicial de la Convención Colectiva 12/2024. La UCOC presentó un amparo ante la Corte Suprema y exigió la suspensión inmediata de las medidas impuestas por la Administración del Canal de Panamá.
La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) emitió un pronunciamiento público ante la situación crítica que atraviesan los trabajadores del Canal de Panamá, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó la Convención Colectiva 12/2024 y de las medidas adoptadas por la Administración del Canal de Panamá (ACP).
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), participaron el secretario general Rogelio Marquínez, el subsecretario Iván de la Guardia, el secretario de Comunicación Daniel Camazón, el secretario de Finanzas Agustín Ureña y el asesor legal Roberto Ruiz Díaz.
La organización representa a más de 200 capitanes y oficiales encargados de la seguridad operativa del Canal, quienes asisten a los buques durante su tránsito y garantizan el funcionamiento de una infraestructura clave para el comercio mundial.
En este contexto, Marquínez afirmó: “Los Capitanes y Oficiales de Cubierta somos la piedra angular sobre la que reposa la seguridad de las operaciones del Canal. No se puede poner en riesgo la estabilidad de este servicio esencial mediante decisiones administrativas arbitrarias y violaciones a los derechos adquiridos".
Antecedentes y conflicto actual
El proceso de negociación colectiva comenzó en 2019 y, tras más de tres años de estancamiento, la Junta de Relaciones Laborales (JRL) dictó la Decisión 12/2024, que dio origen a una nueva convención colectiva vigente desde junio de 2024. Aunque la ACP apeló el fallo, firmó el convenio con la UCOC en agosto de ese mismo año.
Sin embargo, el 15 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión, anulando la convención colectiva. A raíz de ello, la ACP suspendió los pagos asociados al acuerdo y ordenó descuentos retroactivos sobre los salarios de los trabajadores, aplicados desde el 29 de septiembre.
“Estamos frente a una violación abierta al principio de legalidad”, denunció Marquínez, y agregó:“La Administración está imponiendo descuentos arbitrarios sin desglose, sin respaldo administrativo ni resolución judicial. Los trabajadores están siendo obligados a devolver salarios legítimamente percibidos".
Acciones legales de la UCOC
La organización presentó un amparo de garantías constitucionales contra la Nota No. CHR-2025-471, emitida por el vicepresidente de Capital Humano de la ACP, Rubén G. Pérez, por considerar que vulnera derechos fundamentales.
Entre los principales fundamentos del recurso se destacan:
Violación del debido proceso: los trabajadores no fueron escuchados ni pudieron presentar pruebas.
Irrenunciabilidad de derechos laborales: los salarios percibidos bajo una convención vigente son derechos adquiridos.
Afectación al derecho de propiedad: la recuperación de salarios constituye una confiscación de bienes legítimos.
“Los salarios pagados conforme a una convención vigente son derechos adquiridos. Pretender su devolución es un atropello jurídico y ético. Hemos interpuesto los recursos legales necesarios ante la Corte Suprema y las autoridades fiscalizadoras del Canal", subrayó Marquínez.
Llamado de atención institucional
La UCOC denunció abusos de autoridad y extralimitación de funciones por parte de la ACP, indicando que tanto el administrador como la junta directiva están al tanto de las irregularidades y se han negado a dialogar con el gremio.
El sindicato notificó al Fiscalizador General del Canal, al Defensor del Pueblo, y presentó recursos judiciales para detener los descuentos ilegales y proteger los derechos de sus afiliados.
Asimismo, expresó su preocupación por las interpretaciones unilaterales del fallo judicial que derivan en medidas “sin sustento legal y sin voluntad de negociación de buena fe”. La organización solicitó la admisión urgente del amparo, la suspensión provisional de los descuentos y que se deje sin efecto la resolución cuestionada.
Advertencia sobre reformas y libertades laborales
La UCOC también rechazó los intentos de la ACP de modificar los Reglamentos de Ética y Conducta, advirtiendo que buscan restringir la libertad de expresión y prohibir las denuncias de abusos laborales.
“Estas reformas son una mordaza institucional”, denunció Marquínez. Y continuó: “Pretenden legalizar la censura y el silencio dentro del Canal. Ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución ni utilizarse para coartar el derecho a expresarse y denunciar abusos".
Finalmente, el dirigente reafirmó: “El Canal debe operar bajo el respeto pleno a la Constitución, las leyes y las convenciones colectivas. No permitiremos que la arbitrariedad y la mala fe destruyan la seguridad jurídica ni la dignidad de quienes garantizamos el funcionamiento de esta vía estratégica para el país".