La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Rosario lanzó un durísimo comunicado tras una semana marcada por la violencia extrema en el ámbito educativo. Bajo el título "Escuelas en la línea de fuego", el gremio denunció una ola de vandalizaciones y la aparición de mensajes mafiosos en instituciones públicas y privadas, señalando al Gobierno Provincial como responsable de garantizar la integridad de las comunidades.

Un mapa del terror: Escuelas vandalizadas y amenazadas

Desde el gremio detallaron un cronograma de ataques que impidieron el normal dictado de clases. Durante la primera semana del ciclo lectivo, cuatro escuelas de la zona sur fueron vandalizadas —algunas hasta dos veces—. Sin embargo, la situación escaló esta semana con la instalación de mensajes intimidatorios vinculados al crimen organizado.

Entre las instituciones afectadas, el gremio enumeró a las escuelas, Nº 66 (vandalizada en dos oportunidades), Las Nº 92, 393, 526 y 825 y demás instituciones como la n°84 y el Club Lamadrid

Cruce al Gobernador: "Es bochornoso intentar minimizar la situación"

Uno de los puntos más calientes del comunicado es la respuesta directa a las declaraciones de Maximiliano Pullaro. ATE calificó como "bochornoso" que el gobernador afirmara que estos hechos no son amenazas sino "denuncias entre bandas".

"Estos actos atentan contra la educación y la convivencia. Es una de las caras más crueles del avance de las economías delictivas", sentenciaron desde ATE. Para el gremio, la escuela y los centros de salud son, muchas veces, la única presencia estatal no represiva en los barrios, y dejarlos a merced de la delincuencia es una decisión política.

El reclamo: No a las zonas liberadas

ATE fue tajante al responsabilizar al Ministerio de Educación y al Gobierno de Santa Fe por la seguridad de los asistentes escolares, docentes y alumnos. "No queremos que escuelas, hospitales o instituciones públicas sean parte de las zonas liberadas de los grupos narcos", denunciaron.

El gremio cerró el documento solidarizándose con las comunidades educativas de las barriadas más afectadas, víctimas del miedo y la desprotección, y exigió que el Estado recupere su rol de garante de la educación y la seguridad de sus trabajadores.