El Sindicato de Cadetes de Rosario advirtió sobre un fuerte crecimiento del sector en la ciudad, en un contexto marcado por la precarización laboral y la falta de regulación efectiva. Según estimaciones del gremio, actualmente hay alrededor de 9.000 trabajadores desempeñándose como repartidores, en su mayoría bajo plataformas digitales, pero sin acceso a derechos básicos.

Desde la organización sindical señalaron que el aumento de la actividad está directamente vinculado a la crisis económica y a la pérdida de puestos de trabajo en otros rubros. “Muchos compañeros llegan a este trabajo como una salida rápida para subsistir”, explicó el secretario general del gremio, Nicolás Martínez, quien remarcó que el fenómeno se profundizó en los últimos años.

En ese marco, el dirigente alertó que las condiciones laborales son altamente precarias. Según detalló, las jornadas pueden extenderse hasta 15 horas diarias para alcanzar ingresos mínimos que permitan cubrir necesidades básicas. A esto se suma la ausencia de cobertura de salud, seguros ante accidentes y cualquier tipo de garantía laboral.

Uno de los principales reclamos del sindicato apunta a la falta de registración de los trabajadores por parte de las empresas, en particular las plataformas digitales. “La mayoría no está blanqueada y no se respetan sus derechos”, sostuvo Martínez, quien además cuestionó la falta de controles estatales sobre la actividad.

En paralelo, el gremio impulsa desde hace tiempo un proyecto de ley provincial que busca crear un registro de repartidores y actualizar el marco normativo vigente. Sin embargo, denuncian que los avances son escasos y que no existe voluntad política suficiente para abordar el problema de fondo.

Un censo municipal

En relación al reciente censo impulsado por la Municipalidad de Rosario, desde el sindicato manifestaron su desacuerdo con la metodología utilizada. Indicaron que el relevamiento alcanzó apenas a unos 150 trabajadores, una cifra muy por debajo del universo real estimado. Además, criticaron no haber sido convocados a participar del proceso.

“Ya existe una ordenanza vigente, pero no se está cumpliendo”, remarcaron desde el gremio en referencia a la normativa local que regula la actividad. En ese sentido, insistieron en que el problema no es la falta de herramientas legales, sino la ausencia de controles y decisión política para hacerlas cumplir.

Por último, Martínez apuntó directamente contra las empresas del sector, a las que acusó de obtener “ganancias exorbitantes” sin asumir responsabilidades laborales ni impositivas. “El Estado tiene que intervenir y obligarlas a adecuarse a la ley. Si no, la situación no va a cambiar”, concluyó.