La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su más profundo rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y exhortó a las y los legisladores de todos los bloques a impedir su tratamiento y eventual aprobación en el Congreso de la Nación.

Desde la organización sindical docente señalaron que la denominada “modernización laboral” promovida por el gobierno de Javier Milei constituye una “nueva mentira de cara a la sociedad”, ya que bajo la promesa de generar empleo esconde un proceso de flexibilización y precarización laboral que beneficia a los sectores patronales en detrimento de los derechos conquistados por la clase trabajadora.

Según planteó CTERA, la reforma laboral se inscribe en un proyecto político más amplio que también incluye intentos de avanzar sobre el sistema educativo público, como el denominado Proyecto de Ley de Libertad Educativa. En ese marco, advirtieron que ambas iniciativas buscan subordinar derechos sociales fundamentales a las lógicas del mercado y consolidar un modelo de país dependiente y regresivo.

Rechazo total y sin modificaciones parciales

La central docente fue categórica al sostener que el proyecto oficialista debe ser rechazado en su totalidad y que no resulta viable ningún intento de modificación parcial. Argumentaron que el espíritu general de la iniciativa elimina principios básicos del derecho del trabajo, como la dignidad del trabajador y la justicia social, alterando de manera estructural las relaciones laborales a favor del empleador.

Además, denunciaron que la reforma tendría un alto costo fiscal que el Gobierno nacional tiende a minimizar o negar. En particular, cuestionaron la reducción de las contribuciones patronales prevista en el artículo 163 del proyecto, que implicaría una pérdida significativa de recursos para la seguridad social y para las provincias.

De acuerdo a estudios citados por CTERA, solo esta reducción representaría un costo fiscal equivalente al 0,462 % del PBI, afectando directamente el financiamiento de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a través de la ANSES.

Impacto directo en el financiamiento educativo

Desde el Instituto Marina Vilte de CTERA señalaron que, de mantenerse esos recursos, el Estado nacional podría saldar la deuda acumulada del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que alcanza los 4,1 billones de pesos, equivalentes al 0,40 % del PBI. Asimismo, advirtieron que el costo fiscal total de la reforma laboral —sumando otros recortes impositivos— ascendería al 1,278 % del PBI.

La organización sostuvo que esos fondos permitirían no solo recomponer salarios docentes, sino también fortalecer el financiamiento educativo, que en 2025 alcanzó apenas el 4,1 % del PBI, muy por debajo del 6 % establecido por la Ley de Educación Nacional. En ese sentido, denunciaron el desfinanciamiento y desmantelamiento de programas clave como Conectar Igualdad, infraestructura escolar, educación técnica, formación docente y comedores escolares.

Una reforma regresiva

Finalmente, CTERA alertó que la reforma laboral implicaría un retroceso histórico en materia de derechos: flexibilización de vacaciones y jornadas, limitaciones a las actualizaciones salariales por inflación, reducción de indemnizaciones, restricciones al derecho a huelga, penalización de la protesta y un ataque directo a las organizaciones sindicales.

“Frente a una reforma regresiva, injusta y peligrosa para toda la clase trabajadora, seguimos defendiendo los derechos sociales y laborales, la negociación colectiva, la organización sindical y condiciones dignas de trabajo”, concluyeron desde la central docente.