La histórica fábrica de jugos Trechel, ubicada en la zona sur de Rosario y gestionada por sus trabajadores desde 2011, enfrenta su hora más difícil. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Gobierno Nacional emitió una orden de desalojo que le otorga a la cooperativa un plazo de apenas 10 días para abandonar el predio. Ante la amenaza de perder su fuente de sustento, los trabajadores se declararon en estado de alerta permanente.

"De acá no nos vamos": La resistencia de la cooperativa

Tras años de autogestión y de haber recuperado la empresa de la quiebra, los operarios de Trechel recibieron la notificación con sorpresa e indignación. "No nos vamos a ir; este es nuestro trabajo, el plato de comida de nuestras familias y años de esfuerzo para levantar una fábrica que estaba muerta", expresaron desde la conducción de la cooperativa en diálogo con medios locales.

El conflicto radica en la titularidad del inmueble, que pertenece al Estado Nacional. Si bien los trabajadores venían gestionando la regularización y el uso del espacio, la nueva política del Gobierno de "limpiar" activos del Estado aceleró una orden de expulsión sin ofrecer alternativas de relocalización ni diálogo previo.

Un golpe a la producción local

Trechel no es solo una fábrica recuperada; es una marca instalada en el consumo popular de Rosario y la región. El desalojo implicaría el cese de producción de una planta que se encuentra plenamente operativa y que cumple con todos sus compromisos comerciales.

Desde el arco gremial y social de la ciudad ya comenzaron a tejer redes de solidaridad. Se espera que en las próximas horas se realicen presentaciones judiciales para frenar la medida y se convoque a un abrazo solidario en las puertas de la planta para impedir que las fuerzas de seguridad ejecuten el lanzamiento.

Pedido de auxilio a la provincia y al municipio

Los trabajadores hicieron un llamado urgente a las autoridades provinciales y municipales para que intervengan ante Nación. "Necesitamos que la política santafesina nos respalde. Somos trabajadores, no somos ocupas; producimos y pagamos nuestras obligaciones", sentenciaron.

El caso de Trechel reabre el debate sobre la protección de las empresas recuperadas en un contexto de ajuste nacional que prioriza la venta de inmuebles estatales por sobre la continuidad de los puestos de trabajo.