Una resolución judicial favorable para el sistema universitario público se conoció este martes, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores, contra el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) explicaron que el planteo judicial cuestionó el decreto mediante el cual el Gobierno, al promulgar la Ley 27.795 de financiamiento educativo y recomposición salarial, suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Según los demandantes, esa decisión vulnera el artículo 83 de la Constitución Nacional, que establece la obligatoriedad de promulgar las leyes ratificadas por el Parlamento con mayoría agravada.

En ese marco, el juez concedió una medida cautelar innovadora que ordena suspender el artículo del decreto que condicionaba la vigencia de la norma y dispuso el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795. Estos puntos establecen la actualización de las partidas destinadas a los salarios docentes universitarios y la actualización automática de las becas estudiantiles.

Desde la COAD destacaron el alcance del fallo y señalaron que “el juez dejó en evidencia una inobservancia clara de un deber jurídico por parte del Estado”, al tiempo que advirtieron sobre “un perjuicio grave e irreparable para docentes y estudiantes como consecuencia de la pérdida sostenida del poder adquisitivo”.

El gremio subrayó además que la medida cautelar no afecta de manera significativa el interés público, ya que el impacto presupuestario estimado representa apenas el 0,23% del PBI. En ese sentido, también remarcaron que la resolución judicial advierte sobre una posible arbitrariedad del Poder Ejecutivo que pone en tensión el principio de división de poderes.

Finalmente, desde la organización sindical informaron que la cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión y que la parte actora deberá prestar caución juratoria como contracautela, tal como lo establece la normativa vigente.