Diputados nacionales nucleados en los bloques de la oposición presentaron en el Congreso un enérgico proyecto de declaración para manifestar su más enfático repudio ante la decisión judicial de intervenir la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM). La iniciativa legislativa, impulsada por referentes clave del movimiento obrero con banca parlamentaria como Sergio Palazzo, Hugo Moyano, Hugo Yasky, Vanesa Siley y Carlos Cisneros, junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, define a la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como un atentado inaceptable contra la autonomía colectiva y la democracia sindical. Los legisladores sumaron además las firmas de Paula Penacca, Cecilia Moreau, Kelly Olmos, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, unificando un fuerte arco político en defensa del histórico gremio metalúrgico.
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El documento presentado en la Cámara Baja cuestiona en términos muy duros el fallo dictado el pasado 22 de mayo por la Sala VIII de la mencionada Cámara del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, en el marco de la causa judicial iniciada por la denominada Lista Naranja de la Seccional Campana. Aquella resolución judicial determinó la anulación total del proceso eleccionario desarrollado a principios de este año y ordenó el desplazamiento de la conducción que encabeza Abel Furlán, disponiendo una intervención judicial tanto a nivel local como nacional por un plazo de 180 días. En los fundamentos del proyecto, los diputados nacionales argumentaron que este avance de la justicia vulnera de forma flagrante los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el Convenio 87 sobre la libertad sindical que cuenta con jerarquía constitucional en la República Argentina, el cual garantiza que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho soberano de elegir a sus representantes sin interferencias externas de ninguna autoridad pública.

Para los firmantes de la declaración, la medida judicial no es un hecho aislado sino que responde a una clara intencionalidad política y empresaria de disciplinar al movimiento sindical en un contexto de agudo ajuste económico. Los diputados denunciaron de forma explícita que la intervención a la UOM llega justamente en el mismo momento en que el gremio se encuentra batallando en paritarias contra las principales cámaras patronales del sector siderúrgico para sostener el poder adquisitivo de las familias metalúrgicas, duramente castigadas por la devaluación y la recesión. Asimismo, vincularon el fallo con la reciente vigencia de una reforma laboral regresiva que restringe el derecho de huelga y persigue a las estructuras gremiales que ofrecen resistencia a las políticas oficiales de la Casa Rosada.

Hacia el cierre del manifiesto parlamentario, los legisladores de extracción sindical apuntaron contra los propios jueces de la Sala VIII, recordando que se trata del mismo tribunal que pocas semanas atrás avaló la validez constitucional de la reforma laboral del Poder Ejecutivo, apartándose drásticamente de los criterios de jurisprudencia que la misma cámara sostenía con anterioridad. En esa misma línea de sospechas sobre la independencia judicial, recalcaron que apenas veinticuatro horas después de dictarse el fallo contra la CGT, el Gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial su intención de prorrogar por cinco años más la permanencia en el cargo del juez Víctor Pesino. Frente a este panorama, que los diputados enmarcan en una estrategia generalizada que incluye multas millonarias a gremios del transporte como La Fraternidad y la UTA por ejercer su derecho constitucional a la huelga, ratificaron su compromiso absoluto con la soberanía de las organizaciones sindicales, advirtiendo que el ataque a una estructura emblemática como la UOM representa un mensaje de persecución directo hacia la totalidad de los trabajadores argentinos.