Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) profundizarán drásticamente sus medidas de fuerza con un paro total de actividades que se extenderá durante una semana completa, desde el lunes 15 hasta el sábado 20 de junio. La histórica huelga, coordinada a nivel nacional con la Conadu Histórica, estará acompañada por una masiva movilización frente a los Tribunales Federales de Rosario. El objetivo central de la protesta es exigir la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa aprobada por el Congreso que contempla la recomposición salarial de los trabajadores, la actualización de las becas estudiantiles y el ajuste de las partidas presupuestarias indispensables para el funcionamiento básico de las facultades de la ciudad ante el ahogo financiero de la Casa Rosada.

La definición del plan de lucha nacional se consolidó tras un plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), del cual participó activamente la delegación rosarina. Ante la persistente negativa del presidente Javier Milei de aplicar la ley, el frente gremial unificado resolvió trasladar el reclamo a las puertas del Poder Judicial de todo el país, instando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que dicte sentencia de manera urgente en favor del cumplimiento de la normativa. Durante el debate de las conducciones, el sindicato rosarino COAD plantó una postura de máxima dureza al proponer formalmente decretar un paro por tiempo indeterminado a partir de este mes de junio y convocar a una votación nacional general para definir el no inicio de las clases del segundo cuatrimestre, aunque finalmente el consenso de las secretarías generales se unificó en la huelga semanal y la exigencia de paritarias en el ámbito de la negociación colectiva.

En el marco del plenario de Conadu, el secretario general de COAD, Federico Gayoso, expuso con cifras alarmantes el violento retroceso socioeconómico que atraviesa el cuerpo de profesores de la UNR. El referente gremial rosarino fue categórico respecto al desfasaje de los ingresos y manifestó textualmente: “Según lo que establece la ley, hoy deberíamos tener un aumento del 53,8% solo para estar igual que el último día del gobierno de Alberto Fernández”. Asimismo, el dirigente explicó que la legislación nacional establece un esquema de paritaria trimestral con piso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para recuperar el terreno perdido en los últimos dos años, aunque aclaró de forma crítica: “Aseguramos que seguimos al menos igual que el IPC, no digo igual que la inflación porque tenemos ciertas dudas respecto a lo que mide el Indec”.

La denuncia de COAD apunta también al millonario perjuicio acumulado por el incumplimiento normativo del Gobierno federal. Gayoso detalló en sus declaraciones que la aplicación efectiva de la ley debe incorporar de forma obligatoria un retroactivo que compute los aumentos adeudados desde octubre —momento en que se sancionó la normativa— hasta la fecha actual, advirtiendo que la masa de recursos que el Ejecutivo retuvo ilegalmente durante todos estos meses equivale hoy al valor de cuatro salarios completos por trabajador.

Hacia el cierre del debate, el titular del gremio local justificó la necesidad de avanzar hacia medidas de fuerza terminales ante la degradación del poder adquisitivo en las aulas de Rosario, lanzando un duro reproche a la pasividad de otros sectores: “Hace dos años que estamos cobrando salarios miserables y endeudándonos. ¿Qué más tiene que ocurrir para que hagamos un paro por tiempo indeterminado? Para tener el mismo salario que en 2015 necesitamos un 108% de aumento, hoy laburamos el doble para poder comprar lo mismo”, sentenció con dureza. En esa misma línea, Federico Gayoso concluyó que “el salario no para de caer y nos estamos comiendo todos los abusos, los ajustes, el maltrato, el descuento, el desprestigio de lo que hacemos, se cagan en la ley y en los fallos judiciales”, ratificando que las bases universitarias rosarinas sostendrán el cese de actividades y la ocupación del espacio público hasta que la Corte Suprema obligue al Poder Ejecutivo a respetar el presupuesto educativo.