El plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió profundizar de manera drástica el plan de lucha en todo el país tras ratificar que la medida cautelar por la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) se encuentra plenamente vigente y es de inmediata ejecución. La resolución se tomó luego de una cumbre clave celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las conducciones gremiales evaluaron el nuevo escenario abierto a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. En el ámbito local, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) confirmó que, en sintonía con lo resuelto por sus bases, impulsará de inmediato una votación nacional para determinar la suspensión total de las actividades académicas durante el segundo cuatrimestre del año hasta tanto el gobierno nacional acate la legislación y proceda a la correspondiente recomposición de los haberes.

Para el sector de los educadores superiores, el pronunciamiento del máximo tribunal del país deja sin argumentos a la Casa Rosada y obliga a la aplicación inmediata de los artículos 4 y 5 de la LFU, los cuales regulan de forma específica los mecanismos de actualización salarial para el personal docente y nodocente, así como las partidas destinadas a las becas estudiantiles. Desde la conducción de COAD informaron que, inmediatamente después del cierre del receso invernal, convocarán a una Asamblea Docente masiva en Rosario para evaluar el alcance de las medidas de fuerza. «Impulsaremos una votación nacional de plan de lucha para el segundo cuatrimestre con el objetivo de establecer la suspensión total de actividades hasta que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario», precisaron las autoridades sindicales de la región, marcando una fuerte resistencia de cara a la reanudación del ciclo lectivo.

El plenario de la federación docente emitió un duro documento con un pliego de resoluciones inmediatas entre las que se destaca la exigencia de incorporar de forma completa y efectiva lo establecido por la Ley de Financiamiento en los salarios correspondientes al mes de julio, los cuales deben percibirse en los primeros días de agosto. Asimismo, los sindicatos reclamaron la convocatoria urgente a la mesa de paritaria nacional y advirtieron que evaluarán de manera estricta en el próximo encuentro de secretarios generales si las carteras nacionales han dado o no cumplimiento efectivo al dictamen de la Justicia. La presión sobre la administración central sumará además un fuerte componente administrativo y legal.

Finalmente, el plenario gremial otorgó un mandato expreso a su Mesa Ejecutiva para construir una acción política coordinada en unidad con el Frente Universitario Nacional. Esta comitiva se presentará formalmente ante el Ministerio de Capital Humano para exigir el cumplimiento directo de la medida cautelar y las partidas presupuestarias de la LFU. En paralelo, los secretarios generales instruyeron a los equipos técnicos y jurídicos de la federación para evaluar el inicio de acciones legales complementarias de carácter penal contra los funcionarios públicos en caso de que persista el desacato judicial, dejando en claro que las universidades públicas del país no iniciarán el segundo cuatrimestre si se mantiene el ahogo salarial de los profesores.