La crisis económica que atraviesa el país por las políticas del gobierno de Javier Milei sumó un capítulo de ribetes escandalosos en el ámbito de las relaciones laborales de la provincia de Buenos Aires. Trabajadores de la firma Lustramax, una importante empresa mayorista de productos de limpieza, iniciaron una fuerte protesta frente a las puertas de la planta ubicada en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, para denunciar una ola de despidos y una propuesta patronal que generó indignación absoluta: la intención de la empresa de cancelar parte de las indemnizaciones de ley mediante la entrega de rollos de cocina y papel higiénico de fabricación propia. La insólita oferta de abonar créditos de naturaleza alimentaria con mercadería, valuada de forma arbitraria a los precios fijados por la propia compañía, fue calificada por los damnificados como una inadmisible maniobra de presión destinada a forzar la aceptación de acuerdos desfavorables y a licuar los derechos de los operarios cesanteados.

Según explicó detalladamente uno de los delegados, el número de cesantías continúa creciendo de forma sostenida y ya alcanza a nueve empleados bajo una modalidad que siembra profunda preocupación en el sector. De acuerdo con el relato del referente, los trabajadores no reciben inicialmente un telegrama de despido formal, sino que al presentarse a cumplir sus turnos habituales se les impide de manera fáctica el ingreso a la planta fabril, siendo posteriormente convocados por el área de Recursos Humanos para negociar un acuerdo de salida. En esas reuniones, además de la escandalosa propuesta de canjear indemnizaciones por toneladas de papel higiénico, la patronal de Lustramax ofreció abonar los salarios caídos, el proporcional de vacaciones y el aguinaldo mediante un plan de hasta doce cuotas consecutivas, una alternativa que fue rechazada de plano por los trabajadores por violar el carácter inmediato y protectorio de las leyes del trabajo vigentes.

La protesta frente al establecimiento de Tortuguitas también contempla la exigencia urgente del pago completo del medio aguinaldo adeudado a la totalidad del personal y la reincorporación inmediata de los despedidos. Asimismo, el conflicto incluye severas denuncias por presunta persecución sindical y desacato judicial. Los trabajadores aseguraron que las autoridades de Lustramax continúan impidiéndole el ingreso a la planta pese a que la Justicia ya archivó el pedido de desafuero sindical que había promovido la patronal, existiendo fallos firmes que ordenan su reinstalación que hasta el momento no fueron acatados por los directivos. A este combo de irregularidades se suman graves acusaciones vinculadas al incumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, ya que los operarios sostienen que la empresa les descuenta mes a mes en sus recibos de sueldo los aportes destinados a la obra social y al sistema jubilatorio, pero denuncian que esos fondos retenidos no están siendo depositados en los organismos recaudadores correspondientes, dejando a las familias sin cobertura médica en medio de un conflicto que promete trasladarse formalmente a los despachos del Ministerio de Trabajo.