En un contexto de preocupación por la amenaza de una desregulación "salvaje" de la navegación de cabotaje, el conjunto de gremios que representa a la totalidad del personal embarcado de la marina mercante, nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.), presentó formalmente un proyecto de ley ante el bloque de diputados de Unión por la Patria. La iniciativa busca revertir la situación "terminal" de la actividad y blindar la soberanía argentina en sus ríos y mares.

La propuesta gremial surge como respuesta a los intentos del Gobierno nacional de eliminar la histórica "Ley de Cabotaje", una medida que, según advierten las entidades, entregaría los espacios marítimos y fluviales a flotas extranjeras, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la capacidad logística del país.

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El proyecto central de la federación es la creación del Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN). Esta herramienta permitiría, mediante beneficios impositivos y un marco legal claro, eliminar las asimetrías que hoy quitan competitividad a los buques de bandera nacional frente a las flotas regionales, sin necesidad de recurrir a la entrega del patrimonio marítimo.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, destacaron la importancia estratégica de este paso: “Contar con una marina mercante poderosa es fundamental para acercar nuestra producción exportable a los mercados mundiales a un costo competitivo, pero eso debe hacerse protegiendo la integridad de la bandera nacional y los derechos de nuestros trabajadores”.

“Hemos hecho oídos sordos a quienes proponen la entrega de nuestros ríos y mares. Por eso, hemos elaborado este proyecto que permitiría bajar los costos logísticos, aumentar las fuentes de trabajo y devolverle a la bandera argentina el lugar de privilegio que nunca debió perder”, concluyeron desde la federación.

Puntos clave del proyecto

Tripulación 100% argentina: Todos los buques inscriptos en el RETCAN, incluso aquellos que posean tratamiento de bandera argentina por ser de propiedad u operados por armadores nacionales, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino.

Jurisdicción Nacional: Los contratos de ajuste se regirán por la legislación y los convenios colectivos de trabajo vigentes en el país, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.

Soberanía y Empleo: El proyecto contempla excepciones a la ley de cabotaje tradicional, pero establece exigencias estrictas que salvaguardan las fuentes de trabajo y los derechos laborales de los tripulantes.

Estudio de costos: Junto al proyecto, la federación entregó a los legisladores un análisis comparativo que demuestra que la operatoria de bandera nacional es viable si se implementan las correcciones fiscales propuestas, frente al avance del armamento extranjero regional.