El Sindicato de Cadetes de Rosario desembarcó este martes en el Anexo del Concejo Municipal para participar de una audiencia clave en la Comisión de Producción. Los trabajadores, acompañados por el concejal Pablo Basso, presentaron un proyecto integral para actualizar la normativa que regula la actividad, advirtiendo que la ordenanza vigente data del año 2001, no contempla el uso de bicicletas ni plataformas virtuales y deja desprotegidos a miles de repartidores en la calle.

Una salida rápida frente a la crisis del empleo

La urgencia del debate legislativo se enmarca en un contexto de fuerte deterioro social. Para la conducción gremial, el sector se convirtió en el principal amortiguador del desempleo local tras la pérdida de 300.000 puestos de trabajo a nivel nacional.

“Muchísimos se vuelcan a nuestra actividad como una salida rápida, pero cada vez rinde menos porque hay menos consumo y menos pedidos. Una actividad que ya era precarizada está cada vez más precarizada por la política económica nacional que nos ahoga”, describió Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario.

Martínez estimó que en la ciudad ya operan alrededor de 9.000 cadetes, de los cuales más de 2.000 pertenecen únicamente a la firma PedidosYa. Al no existir registros certeros, el proyecto busca crear un empadronamiento formal: “Necesitamos datos concretos. Hoy el principal problema de los compañeros ya no es solo la inseguridad, es que no llegamos a fin de mes”, sentenció.

Que el control caiga sobre las empresas, no solo sobre el trabajador

Uno de los ejes más duros del planteo sindical es el cambio de enfoque en la fiscalización. Actualmente, la ordenanza del 2001 ubica los controles bajo la órbita de la Dirección de Tránsito, persiguiendo exclusivamente al repartidor en la vía pública.

“Nuestra actividad es comercial y tiene que estar regulada desde la Secretaría de Producción y Empleo con una mirada puesta en el trabajo”, exigió Martínez. “Queremos que las empresas tengan obligaciones. Hoy los controles de tránsito caen solo sobre los trabajadores —que está perfecto tener la moto en condiciones— pero no hay ningún tipo de control ni exigencia sobre las empresas”, criticó.

Exigencias a las multinacionales: "Lo mismo que a un almacenero"

Por su parte, el concejal Pablo Basso (autor de la iniciativa construida junto al gremio) calificó a la normativa vigente como un "instrumento de crisis" que quedó totalmente desfasado por la tecnología. Si bien aclaró que el municipio no tiene competencia para determinar el encuadre laboral de fondo, sí posee la facultad para ordenar el comercio local.

“El municipio le puede exigir a las plataformas lo mismo que le exige a cualquier actividad económica en Rosario: que cuenten con un local habilitado y que presenten una nómina de los trabajadores vinculados a cada aplicación”, detalló Basso.

El edil concluyó con una fuerte definición política sobre los privilegios de las apps: “Esto no es ninguna novedad. Es lo mismo que cumple un kiosquero o una persona que tiene un almacén. Cualquier hijo de vecino en Rosario tiene que cumplir sus obligaciones al tener una actividad económica; también lo tienen que hacer las empresas transnacionales que explotan el servicio de cadetería”.