El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, otorgó un nuevo y decisivo respiro a Algodonera Avellaneda SA, una de las empresas textiles más emblemáticas del norte de la provincia de Santa Fe y vinculada directamente al entramado corporativo del grupo Vicentin. A través de una resolución de 15 páginas firmada el pasado 3 de julio, el magistrado decidió habilitar una instancia de negociación extraordinaria denominada «tercera vía», postergando transitoriamente el tratamiento del pedido de exclusión del voto del Banco de la Nación Argentina (BNA), principal acreedor de la firma con más del 80% del pasivo verificado. Con esta medida judicial, la compañía textil sumó un período adicional que se extenderá formalmente hasta el 10 de agosto de 2026 a las 12 horas para mejorar sustancialmente su oferta de pago, reunir las conformidades necesarias que exige la Ley de Concursos y Quiebras y evitar una inminente declaración de quiebra que pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo.

La estrategia de la empresa textil se había centrado en plantear la exclusión del Banco Nación del cómputo de las mayorías, argumentando que la entidad financiera oficial actuó sistemáticamente como un «acreedor hostil», ejerciendo de manera abusiva su derecho a rechazar las sucesivas propuestas presentadas y obstaculizando la posibilidad de un acuerdo que garantice la continuidad productiva. Por su parte, los representantes del BNA rechazaron de plano esos argumentos y defendieron su postura ante el juzgado de Reconquista, sosteniendo que la exclusión pretendida por la firma es una maniobra para anular el voto del acreedor mayoritario. Desde la banca pública remarcaron que su actuación durante todo el proceso concursal fue estrictamente colaborativa y ratificaron su interés en preservar una empresa que sea económicamente viable, pero aclararon con firmeza que no renunciarán bajo ningún punto de vista a la legítima protección del crédito público que administran.

Uno de los aspectos más políticos y medulares del fallo del juez Lorenzini radica en el pormenorizado análisis que realiza sobre el origen del endeudamiento crónico de Algodonera Avellaneda, ligándolo en forma directa a las necesidades financieras de la agroexportadora Vicentin SAIC. La resolución judicial sostiene que la pesada deuda de la textil se fue construyendo mediante operaciones financieras compartidas, garantías cruzadas y contratos de fianza que comprometieron de muerte su patrimonio para respaldar los monumentales créditos destinados al gigante agroindustrial en desgracia. El expediente detalla la firma de 47 pagarés y un contrato de fianza por 300 millones de dólares, además de diversas operaciones crediticias por un total de 284 millones de dólares que fueron garantizadas con hipotecas, cesiones de derechos y obligaciones solidarias que hoy hunden los balances de la algodonera.

Actualmente, la situación patrimonial de la planta fabril es extremadamente delicada. Según los informes técnicos incorporados formalmente al expediente judicial, el pasivo generado con posterioridad a la apertura del concurso ya supera los 6.818 millones de pesos, integrado de forma mayoritaria por deudas acumuladas con empresas proveedoras de energía eléctrica, severas obligaciones impositivas y deudas laborales con el personal. En su escrito, Lorenzini advirtió con dureza que la firma concursada todavía no ha presentado un plan integral que demuestre la viabilidad económica, comercial y financiera indispensable para sostener una reestructuración seria en el tiempo. De este modo, mientras la definición sobre la hostilidad del voto del Banco Nación queda en suspenso, la «tercera vía» judicial obliga a la conducción empresaria a realizar el máximo esfuerzo para alcanzar un consenso con el Estado antes del mediodía del 10 de agosto, en lo que representa la última oportunidad para salvar las fuentes laborales en la región.