La incertidumbre que desde hace semanas atravesaba a los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtió este miércoles en una dramática jornada de tensión, angustia y resistencia ante el vencimiento y la baja masiva de cientos de contratos. Según datos relevados por los propios trabajadores y los sectores gremiales, son al menos 170 los contratos afectados por la no renovación en el organismo. La situación escaló rápidamente hacia la violencia institucional cuando el personal comenzó a acercarse a la sede central, ubicada en la avenida del Libertador 8250 en la Ciudad de Buenos Aires, para conocer si podría continuar en sus puestos de trabajo. Al llegar al edificio, los empleados se encontraron con un desproporcionado operativo de Gendarmería Nacional dentro de la misma sede que les impidió avanzar más allá de la zona de fichaje bajo el argumento de órdenes impartidas por la Presidencia. Ante el bloqueo, la Junta Interna de ATE en la CNEA, con el acompañamiento de ATE Capital y ATE Nacional, organizó un ruidazo dentro del edificio para exigir explicaciones. La respuesta oficial fue el uso de la fuerza: tras varios minutos de extrema tensión, la Gendarmería recibió la orden de desalojar el lugar y, «a base de palazos, empezaron a herir a los compañeros», según denunciaron los propios representantes sindicales en medio de los incidentes.

El eje del conflicto, además de la violencia ejercida contra los manifestantes en la sede de Libertador, radica en el desmantelamiento de los cuadros profesionales e investigadores altamente especializados en beneficio de designaciones políticas discrecionales. Desde los sectores gremiales apuntaron directamente contra Martín Porro, presidente de la CNEA, y contra Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, para reprocharles el vaciamiento de profesionales en cuya formación el Estado invirtió recursos millonarios durante años. «Se sospechaba que no iban a renovar los contratos, que es una forma de despido encubierto», señaló el dirigente Martín Martínez. En contraste con la desvinculación de ingenieros, técnicos y científicos cuyos salarios promediaban entre los 900 mil y el millón de pesos mensuales —quedando ya por debajo del costo de vida—, las autoridades avanzaron con nombramientos polémicos. El representante sindical de los trabajadores denunció que «en tanto despiden personal científico y de ingeniería, contratan gente propia sin formación», poniendo como ejemplo la reciente designación efectuada por Porro para la gerencia de Recursos Humanos, lugar donde nombró a Gisela Mangone, cuya experiencia laboral previa se limita a desempeñarse como instructora de yoga.

Los gremios advierten que la represión en los pasillos de la CNEA busca acallar las protestas contra el desguace total de la soberanía energética y el abandono de planes estratégicos nacionales. Desde la Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria (CNTI) de la CTA Autónoma denunciaron «el vaciamiento, la ineptitud y la nula producción en el desarrollo de nuevos proyectos», alertando que la parálisis administrativa dispuesta por el Gobierno de Javier Milei ya provocó el cierre virtual del proyecto Carem —el revolucionario reactor modular de diseño 100% nacional—, la suspensión total de las obras para la extensión de vida de la central nuclear Atucha I y el completo desfinanciamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Ante este panorama de despidos sorpresivos, ejecutados sin ningún tipo de aviso informal o preaviso que permitiera a las familias organizarse, las organizaciones sindicales convocaron a profundizar las medidas de fuerza bajo las consignas de «No al vaciamiento», «No a la entrega» y «En CNEA no sobra nadie», enmarcando la violenta jornada dentro de una ola de despidos generalizados en distintas dependencias del Estado nacional.