Transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizarán un paro en todo el país este viernes 13 de marzo en protesta por la crisis que atraviesa el sector. La medida tendrá fuerte impacto en Rosario, donde entidades y prestadores denunciaron atrasos en los pagos y aranceles que consideran totalmente desactualizados.

La protesta fue confirmada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad y por los transportistas nucleados en la Asociación de Transportistas Escolares y Afines, quienes advirtieron que el sistema se encuentra en una situación crítica.

Según señalaron, desde hace cinco meses el Gobierno nacional no abona las prestaciones, mientras que los aranceles que se pagan por los servicios tienen un atraso estimado del 40%, lo que vuelve prácticamente imposible sostener las actividades.

Durante una conferencia de prensa, las entidades denunciaron que obras sociales nacionales, entre ellas PAMI y el programa Incluir Salud, mantienen importantes deudas por prestaciones brindadas.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, describió un panorama alarmante. “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además desde 2025 hemos entrado en un cese de pagos. La situación es desoladora, de arrasamiento y muchísima angustia”, afirmó.

Chapero advirtió además que muchas instituciones ya no pueden sostener sus estructuras. “Cerrar también es un problema, porque no hay con qué pagar indemnizaciones ni alquileres. Se deben sueldos desde enero”, agregó.

Desde el sector también cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales. Según indicaron, en las comunicaciones con la Agencia Nacional de Discapacidad —actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud— sólo recibieron pedidos de paciencia.

“No es posible tener paciencia si no hay una medida concreta de pago ni actualización de aranceles. Tenemos un desfasaje de más del 40%”, sostuvo Chapero.

La situación también golpea con fuerza a los transportistas que trasladan diariamente a personas con discapacidad. El referente del sector, Marcelo López, aseguró que la crisis ya está provocando la interrupción de servicios.

“Hace años que trabajamos con aranceles muy bajos respecto de la inflación. Hoy hay transportistas que dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”, advirtió.

Según explicó, la incertidumbre es total porque no existe un cronograma de pagos. “Imagínense estar seis meses sin cobrar. Aunque paguen algo, el arancel es tan bajo que no alcanza”, remarcó.

Desde el ámbito académico también alertaron por el impacto que la crisis tiene sobre los derechos de las personas con discapacidad. La coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Gabriela Fernández, sostuvo que el problema trasciende lo económico.

“No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o de prestaciones, sino de vidas y de derechos”, afirmó.

Fernández advirtió que sin estos servicios se pone en riesgo la inclusión social. “Las prestaciones permiten que las personas con discapacidad puedan existir en la vida social. Sin ellas se destruye la posibilidad de que los niños accedan a la educación, de sostener un trabajo o de tener una vida autónoma”, concluyó.

Los referentes del sector adelantaron que, si no hay respuestas inmediatas, las medidas de protesta se profundizarán la próxima semana.