A menos de una semana de su promulgación, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei recibió su primer revés judicial. La Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la nueva normativa.

La sentencia, fechada el 10 de marzo de 2026 y firmada por el juez Ricardo Gileta, cuestiona el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la norma resulta contraria al artículo 16 de la Constitución Nacional, al establecer un criterio diferenciado para la actualización de créditos laborales en juicios iniciados antes de la sanción de la ley.

“El capital histórico se actualizará conforme lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, en función de la evolución del índice de precios al consumidor, con más un 3% mensual desde la mora y hasta el efectivo pago”, sostuvo el juez en la sentencia.

El fallo también señala que el artículo 55 de la reforma fija una pauta distinta para los juicios en trámite, basada en la tasa pasiva publicada por el Banco Central y con un límite mínimo equivalente al 67% del cálculo previsto en el artículo 276 de la ley laboral.

Para Gileta, esa diferenciación resulta inconstitucional. “Se plantea una evidente vulneración a la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional”, afirmó el magistrado.

Por ese motivo, el tribunal dio por “desechada la validez constitucional del artículo 55” y ordenó que los créditos laborales se ajusten conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, utilizando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) hasta el momento del pago efectivo.

La decisión judicial se convierte así en el primer pronunciamiento contra un punto central de la reforma laboral del Gobierno.