La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el reciente fallo del juez Martín Cormick que ordenó dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que establecía el denominado “protocolo anti-piquetes” para las manifestaciones sociales con cortes de calle.

La decisión judicial se dio a partir de una acción de amparo impulsada por organizaciones sindicales y de derechos humanos, y anuló los efectos de la resolución 943/2023. Según el fallo, el Ministerio de Seguridad se había arrogado atribuciones en materia penal y procesal que exceden las facultades del Poder Ejecutivo, vulnerando derechos constitucionales básicos.

Desde la central obrera remarcaron que el fallo “no es uno más”, ya que hace caer una herramienta que, a su entender, fue utilizada por el Gobierno nacional para criminalizar la protesta social y disciplinar a los trabajadores que se movilizan en defensa de sus derechos.

“El protocolo anti-piquetes constituía un mecanismo de persecución y amedrentamiento contra quienes ejercen el legítimo derecho a manifestarse”, señalaron desde la CGT, al tiempo que destacaron el valor institucional de la resolución judicial por poner límites al accionar del Ejecutivo en materia de seguridad y orden público.

En ese marco, la central sindical reafirmó su compromiso con la defensa de la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. “La CGT bregará siempre por la protesta social como herramienta legítima y no dudará en dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, expresaron.

El fallo representa un respaldo clave para el movimiento sindical y las organizaciones sociales, en un contexto de creciente conflictividad laboral y de fuertes cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional, y abre un nuevo escenario en la disputa por el derecho a la protesta en la Argentina.