La crisis de Algodonera Avellaneda, la firma del Grupo Vicentin ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, ha tomado un giro dramático que pone en jaque cientos de puestos de trabajo. El Banco Nación Argentina (BNA) solicitó formalmente ante el Juzgado Federal del Dr. Aldo Alurralde que se dicte la sentencia de remate sobre el inmueble y las maquinarias de la fábrica, en el marco de una ejecución hipotecaria por deudas millonarias.

De la incertidumbre al pedido de ejecución

El pedido del BNA llega en el momento más frágil de la empresa, que apenas hace días había intentado un "arranque parcial" convocando a un puñado de operarios mientras mantenía al grueso de la plantilla suspendida. Esta ofensiva judicial del principal acreedor de Vicentin confirma que la continuidad de la textil pende de un hilo.

El Banco Nación reclama la ejecución de las garantías hipotecarias y prendarias sobre la planta de Reconquista. Si el juez Alurralde hace lugar al pedido, la fábrica —uno de los pulmones de empleo de la región— podría salir a subasta pública, dejando en la absoluta deriva a los más de 400 trabajadores que dependen de ella.

El gremio textil en estado de asamblea

Desde la Asociación de Obreros Textiles (AOT) y el Sindicato de Empleados de Comercio (que también nuclea personal en la firma) siguen con extrema preocupación el expediente judicial. El fantasma del cierre definitivo ya no es una suposición, sino un riesgo administrativo concreto.

"Esto es un golpe de gracia. Mientras estábamos peleando para que reincorporen a los compañeros suspendidos, nos encontramos con que el principal banco del país pide rematar la fuente de trabajo", señalaron fuentes vinculadas a la defensa de los trabajadores.

Impacto regional y político

La ejecución de Algodonera Avellaneda representaría una catástrofe social para el departamento General Obligado. La planta no solo es clave por su producción de hilados y fibras, sino por el ecosistema de pymes y servicios que giran a su alrededor.

Ahora, la mirada está puesta en dos frentes:

-El frente judicial: Si el juez Alurralde dicta la sentencia de remate de forma inmediata o si se abre una instancia de negociación política.

-El frente ministerial: La exigencia al Gobierno de Santa Fe para que intervenga de manera directa ante el Banco Nación para evitar que la ejecución hipotecaria arrase con el empleo regional.