El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó de manera contundente el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que establece una “igualdad ficticia” entre empleadores y trabajadores que, en la práctica, implica una mayor desprotección para estos últimos. En su exposición, también criticó el escaso tiempo destinado al debate y el hecho de que la iniciativa se trate en sesiones extraordinarias, lo que —según afirmó— limita un análisis profundo de una reforma estructural.

“Este proyecto viola normas constitucionales y desconoce principios básicos como la justicia social y la protección del trabajador frente a la desigualdad natural que existe en la relación patrón-empleado”, sostuvo Godoy. En ese sentido, rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y recordó que experiencias similares, desde la dictadura hasta la Ley Banelco, no lograron reducir la informalidad laboral.

El dirigente sindical vinculó la iniciativa con un modelo económico centrado en la exportación de materias primas y la minería, al que responsabilizó por la destrucción del mercado interno y de las pymes. “En el último año, con la vigencia de la Ley de Bases, se han perdido 240 mil puestos de trabajo formales”, afirmó.

Godoy también cuestionó puntos específicos del proyecto, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral, al que calificó como un “engendro maldito” que termina beneficiando al sistema financiero y subsidiando despidos con aportes del Estado, los jubilados y los propios trabajadores. Además, alertó sobre una restricción encubierta del derecho de huelga mediante la exigencia de guardias mínimas de hasta el 75%, y sobre la precarización permanente de los trabajadores de plataformas, al ser considerados independientes. “Es volver al siglo XIX”, sentenció.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, coincidió en el diagnóstico crítico y señaló que, por primera vez, el salario mínimo argentino es el más bajo de América Latina medido en dólares. En ese marco, cuestionó la “actitud celebratoria” de sectores empresarios y puso en duda el modelo de país que propone el Gobierno.

“El principal responsable de la política económica dice que el modelo es Perú, un país con un 70% de informalidad laboral. Ese es el horizonte que nos proponen: mano de obra barata y concentración de la riqueza”, sostuvo Yasky. Para el dirigente, la reforma no implica una modernización sino una clara involución: “Es ir al siglo XIX, antes de que existiera el peronismo o incluso antes de un gobierno popular como el de Yrigoyen”.

Finalmente, Yasky advirtió que el proyecto constituye un “himno a la desigualdad” y denunció que beneficia al sector empresario con la eliminación de impuestos como Bienes Personales, mientras mantiene el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. En ese sentido, llamó a los legisladores a asumir su responsabilidad institucional frente a la violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y cuestionó la derogación de leyes modernas, como la de teletrabajo. “No nos negamos a discutir cambios propios del siglo XXI; lo que no queremos es volver al siglo XIX”, concluyó.