La crisis que golpea a los 350 trabajadores de Algodonera Avellaneda, tras el cierre abrupto de la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista a comienzos de octubre, sigue sin respuestas concretas. Mientras la fábrica continúa paralizada y atravesando un proceso de concurso de acreedores, las familias afectadas sostienen diversas acciones para visibilizar una situación que ya califican como de abandono.

En este contexto, el diputado provincial Carlos del Frade se convirtió en una de las primeras voces políticas en intervenir y acompañar el reclamo. El legislador del Frente Amplio por la Soberanía, que desde el inicio del conflicto se mantiene junto a los operarios, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que busca que el Poder Ejecutivo santafesino avance en el cobro de deudas del Grupo Vicentin, o en la recuperación de fondos fugados, con el objetivo de destinarlos directamente a las 350 familias afectadas.

Del Frade advirtió que los trabajadores atraviesan “una situación angustiante desde el punto de vista económico”, derivada de los incumplimientos salariales de la empresa. A pesar de las gestiones y pedidos elevados a los gobiernos provincial, nacional y municipal, los operarios “no encuentran soporte material para sostener sus existencias”, señaló.

Frente a este escenario, el diputado remarcó la necesidad de que la provincia impulse medidas urgentes para asegurar recursos que permitan contener y asistir a quienes dependen de Algodonera Avellaneda, una de las 32 firmas que integran el conglomerado Vicentin. A su vez, reclamó que el Ejecutivo aborde “con seriedad” la implementación de herramientas judiciales y políticas tendientes a recuperar parte de los 788 millones de dólares fugados entre agosto de 2019 y enero de 2020 por los entonces directivos del grupo.

Según el proyecto, esos fondos deberían orientarse a la recomposición salarial, la estabilidad laboral y la preservación de la fuente de trabajo de la planta textil, cuyo futuro permanece en incertidumbre.

Mientras tanto, la angustia en Reconquista crece y los trabajadores continúan apostando a la organización y la visibilidad pública para lograr que el Estado intervenga y garantice una salida que no recaiga nuevamente sobre las espaldas de las familias trabajadoras.