La CGT judicializó la reforma laboral y la declaró inconstitucional
La Confederación General del Trabajo presentó una acción ante la Justicia tras la sanción de la ley y se movilizó a Plaza Lavalle para rechazar lo que considera un retroceso en derechos laborales, sindicales y constitucionales. “No hay libertad sin justicia social”, afirmó la central obrera.
La Confederación General del Trabajo (CGT) inició la vía judicial contra la reforma laboral sancionada por el Congreso y se movilizó a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para formalizar la presentación que busca frenar la aplicación de la norma por considerarla inconstitucional.
Bajo la consigna “La reforma laboral es inconstitucional”, miles de trabajadoras y trabajadores acompañaron a la conducción cegetista en una jornada que combinó movilización y acto central. El planteo fue encabezado por los cosecretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a dirigentes de sindicatos confederados y organizaciones sociales.
Desde la central obrera sostuvieron que la ley vulnera principios constitucionales fundamentales, en particular el principio de progresividad —que impide adoptar medidas regresivas en materia de derechos sociales— y el principio protectorio del derecho del trabajo, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador. En ese sentido, advirtieron que la norma afecta garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la seguridad social.
La CGT cuestionó de manera puntual diversos aspectos de la reforma, entre ellos la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas; la eliminación de sanciones a empleadores que incumplieron aportes; la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones con aportes de los propios trabajadores; la reducción de aportes a las obras sociales; la habilitación de convenios por empresa en detrimento de la negociación colectiva por actividad; y las restricciones al derecho a la protesta.
Asimismo, denunció que el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitaría el acceso efectivo de trabajadores y organizaciones sindicales al fuero laboral.
En su comunicado, la central también vinculó la reforma con el rumbo económico del Gobierno nacional y enumeró indicadores que, a su entender, dan cuenta de un deterioro social: caída del empleo en la mayoría de las ramas de actividad, pérdida del poder adquisitivo, cierre de pymes y comercios, aumento de la desocupación, caída de la inversión y crecimiento del endeudamiento.
“La CGT no gobierna ni gobernó, no vota leyes ni define la política macroeconómica. Pero es la única instancia que hoy tiene capacidad de movilización y de respuesta para defender los derechos colectivos e individuales de las y los trabajadores”, señalaron desde el Consejo Directivo Nacional.
La central reafirmó que sostendrá la resistencia “en la calle, en las instituciones y en la Justicia”, como lo hizo —según recordó— en anteriores movilizaciones y paros generales que lograron frenar o modificar iniciativas oficiales.
Con un fuerte llamado a la unidad del movimiento obrero, la CGT cerró su posicionamiento con una definición política y doctrinaria: “No hay libertad sin justicia social”.