La Justicia pide procesar a ex presidentes de Sancor por desviar aportes jubilatorios y de salud
La Justicia Federal avanzó contra ex directivos de Sancor por la apropiación de aportes previsionales y de salud descontados a los trabajadores. El caso, impulsado por denuncias laborales, expone un desfalco millonario y reaviva reclamos sindicales por responsabilidad empresaria y transparencia en la gestión.
La Fiscalía Federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos ex presidentes de Sancor —José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez— acusados de apropiación indebida de recursos descontados a los trabajadores destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales. El monto estimado del desvío supera los 1.644 millones de pesos, según consta en el requerimiento fiscal.
Durante el período que comprenden las acusaciones —de febrero de 2020 a enero de 2024—, la firma retuvo aportes sociales pero no los depositó en los organismos correspondientes, vulnerando obligaciones legales. Gastaldi habría acumulado 17 hechos ilícitos entre 2020-2022, mientras que Sánchez tiene imputados otros 16 entre 2022 y enero de 2024, todos en concurso real.
Denuncias de trabajadores y acumulación de causas
La causa penal se inició a raíz de denuncias presentadas por empleados de plantas ubicadas en Sunchales (Santa Fe) y Don Torcuato (provincia de Buenos Aires), que detectaron irregularidades en el destino de sus aportes. Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, la causa pasó a la órbita federal.
La investigación fiscal se basó en auditorías del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en datos de recaudación de la ex AFIP (hoy ARCA), que evidenciaron la retención sin depósito durante al menos 33 períodos fiscales consecutivos.
Pedido de procesamiento: el reclamo penal contra ex directivos
El pedido de procesamiento se formalizó bajo el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. A pesar de haber sido citados a indagatoria el 12 de noviembre pasado, ambos ex directivos optaron por abstenerse de declarar, aunque no negaron los hechos que se les imputan.
Según la fiscalía, no solicitan una medida de prisión preventiva: proponen, como única garantía, la obligación de informar cualquier cambio de domicilio. Los acusados no cuentan con antecedentes penales, tienen domicilio fijo y se presentaron a las citaciones judiciales.
Un nuevo capítulo en la crisis de Sancor
Este pedido de procesamiento marca un giro grave en el largo proceso de crisis institucional, económica y judicial que atraviesa Sancor. Lo que comenzó como denuncias laborales y atrasos en los pagos de salarios se transformó en una causa de gravedad máxima: una acusación formal por desvío de aportes sociales, con el consiguiente perjuicio para cientos de trabajadores y sus familias.
Para los empleados, es una señal fuerte de que la Justicia puede avanzar contra las responsabilidades corporativas. Para el movimiento sindical, constituye un antecedente importante que refuerza los reclamos en favor del pago efectivo de jubilaciones, aportes previsionales y cobertura de salud.
El caso seguirá su curso en los tribunales federales de Rafaela, a la espera del dictamen final. Mientras tanto, los ex directivos afrontan una acusación penal por un desfalco millonario que podría significar la restitución de los fondos adeudados a los trabajadores y un duro golpe sobre la impunidad de las gestiones que incumplieron sus obligaciones sociales.