El Gobierno nacional resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de quedar en evidencia que no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado. La decisión se da en un contexto de fuerte resistencia sindical y tras la masiva movilización encabezada por la CGT en Plaza de Mayo.

La postergación fue confirmada por la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien señaló que se avanzará con un dictamen abierto, susceptible de modificaciones, con el objetivo de intentar sumar apoyos antes de llevar la iniciativa al recinto.

Desde el ámbito parlamentario reconocen que el oficialismo enfrentaba una derrota segura si forzaba el tratamiento inmediato del proyecto. En ese marco, el Gobierno optó por ganar tiempo y reabrir negociaciones con distintos bloques, en medio de un escenario político atravesado por la presión social y sindical.

El dictamen aprobado en comisiones contiene apenas cambios menores, pero el contenido central del proyecto se mantiene intacto: flexibilización de contratos y despidos, debilitamiento de los convenios colectivos de trabajo, eliminación de la ultraactividad y recorte de derechos laborales conquistados históricamente. Un esquema que el movimiento obrero rechaza de plano por considerarlo regresivo y funcional a los sectores más concentrados de la economía.

La decisión oficial se conoció pocas horas después del acto de la CGT en Plaza de Mayo, donde la central obrera fue contundente al advertir que no está dispuesta a entregar derechos y que continuará profundizando el plan de lucha si el Gobierno insiste con avanzar sobre el trabajo y la organización sindical.