Serenos de buque exigen a Santa Fe que frene la desregulación en los puertos
El gremio exige que el Gobierno provincial deje sin efecto la aplicación del decreto nacional que volvió "optativa" la contratación del servicio de vigilancia en los barcos. Advierten sobre el riesgo ambiental, el narcotráfico y la pérdida de puestos de trabajo en el cordón portuario.
La tensión en los puertos del Gran Rosario y el Cordón Industrial ha sumado un nuevo foco de conflicto. El Sindicato de Serenos de Buques se declaró en estado de alerta y movilización para reclamar al Gobierno de Santa Fe que intervenga ante el impacto del decreto nacional que elimina la obligatoriedad de su servicio, dejándolo como una facultad "optativa" para las agencias marítimas.
Un decreto que atenta contra la seguridad
El reclamo se centra en la derogación o inaplicabilidad en territorio santafesino de la normativa nacional que busca reducir costos operativos a las empresas, pero que, según el gremio, desprotege por completo la seguridad en los buques mientras están amarrados.
Para los trabajadores, no se trata solo de una cuestión laboral, sino de seguridad pública. La figura del sereno de buque es el primer control sobre lo que sucede en la embarcación: desde la prevención de incendios y derrames de hidrocarburos hasta el control de polizones y la prevención de ilícitos como el narcotráfico.
La voz del gremio: "La provincia debe ejercer su soberanía"
Orlando Brizuela, secretario regional del Sindicato de Serenos de Buques, fue tajante al explicar la gravedad de la situación:
"Le pedimos a la provincia que tome cartas en el asunto y no aplique este decreto que nos volvió optativos. No somos un costo descartable, somos la seguridad del buque y de la costa santafesina. Si quitan al sereno, dejan la puerta abierta a cualquier tipo de irregularidad o accidente ambiental en nuestros ríos".
Brizuela destacó que el sindicato ya ha mantenido contactos con legisladores y autoridades provinciales para que Santa Fe dicte una norma propia que mantenga la obligatoriedad del servicio en sus terminales, tal como lo han hecho otras jurisdicciones en defensa de sus recursos y trabajadores.
El riesgo de la "flexibilización" portuaria
Desde el sector gremial sostienen que este tipo de medidas forman parte de un esquema de "desregulación" que solo beneficia a las grandes exportadoras y agencias marítimas, a costa de la pérdida de cientos de puestos de trabajo genuinos y de aumentar la vulnerabilidad de la zona portuaria más importante del país.
"El sereno es el ojo del Estado dentro del barco. Si se elimina esa obligatoriedad, el control queda exclusivamente en manos de privados que solo buscan rentabilidad", concluyeron desde la organización sindical.