En un comunicado, FESIMAF calificó de “falsa” la afirmación de Federico Sturzenegger sobre un ahorro del 30/40% en el transporte fluvial y marítimo si seguía vigente el DNU 340/2025 (ya rechazado por el Congreso).

Según el sindicalismo, ese “ahorro” no provenía de productividad, sino de precarizar el trabajo argentino, permitiendo operar a flotas extranjeras sin el mismo estándar laboral, previsional y de seguridad social.

La Federación cuestionó que se reivindique la desregulación de los ’90 (mencionan el Decreto 1772/91) como antecedente positivo. Para los gremios, aquel esquema derivó en la desaparición de ELMA, el desguace de la flota estatal y la drástica reducción de buques de bandera nacional.

FESIMAF negó un “amplio consenso” para la reforma: asegura que todos los sindicatos marítimos y fluviales la rechazaron desde el inicio y que no fueron convocados por las autoridades. Detallaron presentaciones administrativas, marchas y amparos judiciales para frenar el decreto.

Sobre el argumento de que la caída del decreto afectaría a la energía, la Federación responde que YPF opera con bandera argentina y que la clave está en infraestructura, puertos y costos aduaneros, no en “bajar derechos”.

El cierre del comunicado reclama una ley integral para la Marina Mercante y la industria naval, con reglas estables, empleo argentino y protección del cabotaje, en lugar de “pendulazos” por decreto.