Lo que parecía un principio de tregua en una de las plantas industriales más importantes del país se transformó en un escenario de confrontación abierta. La UOM Villa Constitución denunció formalmente que la empresa Acindar incumplió el compromiso asumido el pasado viernes 16 de enero, el cual había permitido levantar medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.

Un acuerdo que duró menos de una semana

El conflicto tiene un trasfondo de extrema desprolijidad empresarial. Según detalló el gremio, el acuerdo fue ratificado por todas las partes ante el Ministerio de Trabajo el lunes 20 de enero. Sin embargo, apenas dos días después, la patronal dio marcha atrás y reactivó la intención de despedir personal de empresas contratistas que prestan servicio en la planta.

"Esta actitud no solo viola un acuerdo reciente, sino que demuestra un accionar irresponsable y una clara intención de avanzar sobre los derechos laborales", expresaron desde la seccional conducida por Pablo González. Para la UOM, este movimiento es el "primer paso" de un programa de reestructuración más profundo que busca precarizar la situación de los trabajadores externos.

La sombra de la reforma laboral

Desde la entidad gremial vinculan este "borrón y cuenta nueva" de Acindar con el clima político nacional. Según el comunicado, la empresa está "anticipando una reforma que implicaría un fuerte retroceso en los derechos laborales", intentando imponer condiciones de flexibilización antes de que se traten los proyectos de ley en el Congreso.

"Los acuerdos se respetan. La dignidad de los trabajadores no se negocia", sentenciaron desde Villa Constitución, reafirmando el compromiso de defender cada puesto de trabajo, ya sea de planta permanente o de empresas contratistas.

Incertidumbre en la planta

La ruptura del diálogo por parte de la empresa vuelve a poner a la siderúrgica al borde de la paralización. Los trabajadores se mantienen en asamblea permanente, evaluando el regreso a las medidas de fuerza que habían sido suspendidas tras la firma de la semana pasada. La mirada ahora está puesta en el Ministerio de Trabajo, que deberá citar nuevamente a las partes ante la violación de un acta oficial.