El sector de la logística y el transporte de cargas atraviesa horas de máxima tensión en la región tras confirmarse que la empresa Expreso Brío despidió de manera sorpresiva a 60 trabajadores de su sede central ubicada en Rosario. La alarmante situación local forma parte de un escenario de ajuste generalizado, ya que la firma acumula más de 200 cesantías en distintas sucursales de la Argentina. Ante la gravedad del panorama, los operarios afectados se movilizaron este jueves frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo para reclamar la inmediata intervención de las autoridades laborales frente a lo que califican como un proceso sistemático de despidos sin causa, cierre intempestivo de filiales y una creciente incertidumbre que apunta a una posible maniobra de vaciamiento corporativo.

El conflicto gremial se profundizó de manera dramática el pasado martes, cuando los trabajadores se presentaron en la planta rosarina para cumplir con su jornada habitual y se encontraron con los portones cerrados. De acuerdo con el relato de los propios damnificados, un directivo de la firma de transportes se presentó en el lugar con una lista en la mano y comenzó a informar discrecionalmente quiénes estaban autorizados a ingresar al predio y quiénes quedaban desvinculados de la compañía en ese mismo instante. «Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no. Acá estamos una gran parte de los que quedamos afuera», relató con angustia uno de los operarios cesanteados durante la concentración en la sede ministerial.

Los trabajadores sostienen de forma unánime que las desvinculaciones masivas carecen de justificación legal y forman parte de un plan de achicamiento que Expreso Brío viene ejecutando desde hace varios meses en distintos puntos del territorio nacional. En ese sentido, detallaron que la compañía de logística ya procedió al cierre definitivo de sus sucursales operativas en provincias clave como Córdoba y Buenos Aires, sumado al desmantelamiento de dependencias en Mendoza, San Juan, Rafaela y otras localidades de la provincia de Santa Fe. Para peor, a la pérdida de las fuentes de trabajo se le añade una abultada deuda salarial que arrastra la patronal, la cual incluye los sueldos completos de mayo y junio, el medio aguinaldo y diversos bonos convencionales. «Tenemos una promesa de pago, pero ya antes tampoco cumplieron. Nunca nos explicaron por qué no cobrábamos», sentenció otro de los voceros del reclamo, dejando en claro que el sindicato exigirá el pago inmediato de las indemnizaciones y la regularización de los haberes adeudados.