La delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, cuestionó con dureza la implementación del Sistema Integrado de Salud Laboral (SISPAL) y sostuvo que la iniciativa del Gobierno de Santa Fe profundiza una política de control sobre los trabajadores en lugar de abordar las causas que deterioran la salud laboral.

En una nota de opinión titulada "Cuando la salud laboral deja de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de control", la dirigente sindical advirtió que el nuevo sistema, que será administrado por una empresa privada del Grupo Werthein, expresa "qué concepción de Estado sostiene esta política, cómo entiende la salud laboral y cuál es el lugar que ocupan las y los trabajadores en esa mirada".

Monteverde rechazó que el problema del ausentismo docente sea abordado únicamente desde el control de las licencias y aseguró que las verdaderas causas del deterioro de la salud de las y los trabajadores están vinculadas con los bajos salarios, el pluriempleo, la sobrecarga laboral, las condiciones edilicias, el deterioro de IAPOS, las reformas previsionales y el presentismo.

"Las y los docentes no nos enfermamos porque existen licencias. Nos enfermamos porque trabajamos en condiciones que muchas veces deterioran profundamente la salud. No se deben confundir las consecuencias con las causas", afirmó.

Asimismo, cuestionó la decisión del Ejecutivo provincial de delegar en una empresa privada funciones vinculadas a la salud laboral. "Cuando el control sustituye al cuidado, el derecho corre el riesgo de quedar subordinado a objetivos de reducción numérica del ausentismo, sin observar y abordar las causas", sostuvo.

La dirigente también remarcó que las investigaciones realizadas por CTERA muestran que miles de docentes asisten a trabajar aun cuando deberían guardar reposo por temor a perder parte de su salario. "Cuando enfermarse implica un castigo económico, la licencia deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio", indicó.

Desde AMSAFE San Lorenzo insistieron en que una verdadera política de prevención debe mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la cobertura de IAPOS, reconocer las enfermedades profesionales y garantizar salarios que permitan vivir con un solo cargo.

"La educación pública necesita docentes reconocidos y con condiciones laborales dignas. No necesita trabajadores vigilados ni sistemas que transformen la enfermedad en un indicador de productividad", concluyó Monteverde, quien ratificó que el sindicato continuará defendiendo los derechos laborales, la escuela pública y el derecho social a la educación.