La quiebra de SanCor quedó envuelta en una fuerte controversia judicial luego de que uno de los síndicos del proceso denunciara ante la Corte Suprema de Santa Fe al juez Marcelo Gelcich por presuntas “graves irregularidades” en la conducción del expediente. El escrito, que sacude las estructuras del Poder Judicial santafesino dada la magnitud de la cooperativa láctea involucrada, eleva un reclamo contundente a la máxima autoridad judicial de la provincia para que intervenga de manera inmediata frente al accionar del magistrado, cuyo desempeño en el concurso preventivo de la firma alimenticia sembró sospechas generalizadas sobre un manejo arbitrario de la causa comercial más sensible de la región.

De acuerdo con los términos de la presentación oficial, el síndico llevó el caso ante la Corte Suprema de Santa Fe y acusó al magistrado Marcelo Gelcich de montar un esquema para concentrar funciones, desplazar controles independientes y favorecer operaciones sin la debida transparencia en el proceso concursal de la histórica cooperativa láctea. La presentación sostiene con firmeza que el magistrado habría impulsado un mecanismo destinado a neutralizar los controles de la sindicatura, concentrar decisiones clave y condicionar el manejo de activos millonarios de la cooperativa. Este presunto blindaje judicial sobre los movimientos de SanCor impidió que los órganos de fiscalización independientes, designados por ley, auditaran con claridad los balances y las transacciones de capitales propuestas por el juzgado.

La gravedad del esquema denunciado radica en que la falta de transparencia en la administración de los activos concursados pone en riesgo directo los derechos de cobro de los cientos de acreedores y el futuro productivo de las cuencas lecheras. Desde los sectores vinculados a la fiscalización del proceso advierten que la concentración de facultades en manos del juez Gelcich vulneró de forma sistemática el principio de división de funciones que rige en los procesos de quiebra, facilitando resoluciones discrecionales. Con este panorama de extrema tensión institucional, los trabajadores de la sanidad láctea y los productores regionales aguardan una definición urgente de la Corte Suprema que reponga las garantías legales elementales y frene un posible desborde patrimonial en la conducción de SanCor.