Ante el inminente tratamiento de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados, los gremios del sector marítimo, fluvial y pesquero iniciaron un paro total de actividades por 48 horas. La medida de fuerza, que comenzó a las 00:00 horas de este miércoles, paraliza el comercio exterior argentino, deteniendo remolcadores, lanchas de practicaje y buques de transporte, lo que impedirá el amarre y desamarre de los grandes navíos.

La decisión fue tomada en un plenario de urgencia de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) frente a lo que los sindicatos consideran un "ataque letal" a la profesión. El núcleo del conflicto reside en el texto del proyecto oficialista, que en su artículo 2° excluye explícitamente al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), dejándolos sin el marco protector básico que rige para el resto de los trabajadores argentinos.

Advertencia al Congreso: "Parias Laborales"

En las últimas horas, la FeSiMaF envió una contundente nota a los Diputados de la Nación —documento al que tuvo acceso este medio— advirtiendo sobre la gravedad institucional de aprobar la norma tal como vino del Senado.

En la misiva, los dirigentes gremiales señalan que la exclusión del personal embarcado (regido por la Ley de Navegación N° 20.094) es "absolutamente discriminatoria" y carece de justificación jurídica. "Les pedimos que, como representantes del pueblo argentino, no dejen en un 'limbo jurídico' a una actividad cuyos trabajadores han aportado a nuestra Nación la mayor cantidad de bajas civiles durante el Conflicto del Atlántico Sur", reza el texto enviado a la Cámara Baja.

La carta advierte a los legisladores que, de avanzar con esta exclusión, se transformará al personal embarcado en "parias laborales", agravando la crisis de un sector estratégico que garantiza desde el abastecimiento de combustible para las centrales eléctricas hasta el flujo de divisas del país.

"Una manifestación de esclavitud"

El Capitán Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, fue categórico al explicar por qué el sector va al paro. “Intentan eliminar la ultraactividad de los Convenios Colectivos y nos excluyen de la Ley de Contrato de Trabajo; es una manifestación de esclavitud moderna porque no se garantiza ni siquiera el derecho constitucional”, sostuvo el dirigente.

Moreno alertó sobre una "trampa legal" técnica pero devastadora incluida en el proyecto: la modificación del Código Civil y Comercial para alterar la naturaleza de los contratos de transporte. Según advirtió, el inciso (d) del proyecto agrega los conceptos de "transporte" y "flete" al ámbito civil, "abriendo una puerta peligrosa para disfrazar relaciones laborales de comerciales".

Bajo esta nueva figura, una empresa podría alegar que un Capitán o un marinero no es un empleado, sino un prestador de servicios comerciales de transporte, eliminando de un plumazo la relación de dependencia.

Uno de los datos que más preocupa a los gremios es el impacto sobre la calidad del empleo. Actualmente, la actividad Marítima, Fluvial y Pesquera ostenta un 100% de su personal registrado en blanco, derivada de los controles de los registros de embarcación y la Prefectura.

"Es una de las pocas actividades donde no se puede evadir el blanqueo", explican desde el sindicato. Sin embargo, advierten que esto puede cambiar drásticamente con la reforma. De ser un sector modelo y regulado, podría convertirse en un sistema fragmentado de acuerdos individuales y monotributo, donde cada tripulante facture como un servicio externo.

"Esto llevaría al desmembramiento total de la profesión y a la precarización absoluta de la seguridad náutica", concluyeron las fuentes gremiales. Con los remolcadores parados y los buques fondeados, la presión sobre el Congreso será máxima en las próximas 48 horas.