Tras la fuerte crisis y los conflictos registrados en febrero, ingresó a la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley que busca crear un Estatuto Laboral específico para el personal de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. La iniciativa, que surge como respuesta política a la inestabilidad del sector, plantea un cambio de paradigma: permitir que los efectivos realicen actividades sindicales para canalizar sus reclamos salariales y de condiciones de trabajo.

Un marco legal para el reclamo

El proyecto busca otorgar previsibilidad a un sector que, históricamente, ha carecido de mecanismos formales de negociación. La propuesta apunta a que policías y penitenciarios puedan contar con una estructura que les permita:

-Discutir escalas salariales de manera organizada.

-Reclamar por condiciones de trabajo y equipamiento.

-Contar con una representación que actúe como interlocutora ante el Ejecutivo provincial, evitando los desbordes y la falta de mando ocurridos en crisis anteriores.

El antecedente de febrero

La propuesta legislativa llega como una "salida institucional" tras el conflicto de febrero, donde la falta de un canal de diálogo formal llevó la tensión en las fuerzas de seguridad a niveles críticos. El objetivo del gobierno y los legisladores impulsores es evitar que las demandas del personal deriven en medidas de fuerza que afecten la seguridad pública, estableciendo reglas de juego claras similares a las de otros sectores de la administración pública.

Debate sobre la sindicalización

Aunque el proyecto no habla de una sindicalización plena con derecho a huelga (punto que suele ser el límite constitucional), sí abre la puerta a la "actividad sindical" mediante asociaciones que representen los intereses del personal. Esto representa un desafío para el modelo sindical santafesino, ya que implica reconocer derechos colectivos a sectores que tradicionalmente se rigieron por estructuras estrictamente jerárquicas y militares.

De avanzar la iniciativa, Santa Fe podría convertirse en un caso testigo a nivel nacional sobre la regulación del trabajo en las fuerzas de seguridad, un debate postergado durante décadas por el poder político.